Washington, 21 dic (Prensa Latina) Tal pareciera que Texas compite hoy por ser el estado de la Unión donde las medidas extremas se imponen, ya lo demuestran con la inmigración, el aborto y ahora con la prohibición de libros considerados «inapropiados».
La Junta Estatal de Educación aprobó la semana pasada los lineamientos para las bibliotecas en los mil distritos escolares del sureño estado, anticipándose al plazo del 1 de enero.
El veredicto ocurre después de años de controversia sobre cuáles libros deben estar en las bibliotecas de las escuelas, donde políticos y padres de familias conservadores exigen el retiro de textos que consideran inapropiados. Muchos de los libros censurados tienen tramas de la comunidad LGBTQ o personajes diversos.
De acuerdo con un estudio de la organización protectora de la libertad de expresión en Estados Unidos y el mundo PEN America, Texas retiró más libros de las bibliotecas escolares que cualquier otro estado.
Solo entre julio de 2021 y junio de 2022 fueron eliminados de los estantes alrededor de 800 manuales, muchos de los cuales trataban sobre temas como raza, sexualidad y género.
El representante Jared Patterson, republicano por Frisco, celebró la aprobación de las nuevas normas para hacer a las escuelas cumplir una ley que él defendió este año.
La Ley READER, patrocinada por Patterson, requiere a las compañías que venden libros a las escuelas «clasificar» los títulos para determinar si en ellos hay algún contenido sexual y prohíbe a sus proveedores venderlos a las bibliotecas escolares.
Una coalición de asociaciones y editoriales impugnó la ley con futuro aún incierto, pero que causará el retiro de muchos libros de las escuelas públicas, el veto a muchos más, «y el establecimiento de un régimen estatal de autorización de libros anticonstitucional y sin precedentes», advirtió la demanda.
En materia de derecho al aborto Texas tiene las políticas más restrictivas del país; en cuanto a la migración, recién promulgaron la Ley SB4 que convierte en delito grave el cruce ilegal de la frontera y da potestad a deportaciones rápidas sin el debido proceso.
Grupos defensores de derechos civiles interpusieron el martes una queja que impugna la constitucionalidad de esta una nueva ordenanza de Texas